Video surveillance in public places: its use as evidence in the Spanish criminal process
DOI:
https://doi.org/10.25062/1900-8325.298Keywords:
Privacy, Video Surveillance, Probatory Value, criminal Procedural Law, TICsAbstract
Technological evolution has led to the generalization of the use of video cameras in public spaces. This article reviews the legal implications of video surveillance activities in these places by the Spanish State Security Forces. These authorities which must act in accordance with their duty to respect the principles of proportionality and suitability, but taking into account the right to citizen security, which protects the use of these technological means, even if they imply an interference with the right to privacy. The investigation is focused on the potential use of said images captured by video cameras installed by the Spanish State Security Forces and Bodies as evidence in the criminal process, given the lack of regulatory development contained in this regard in the Spanish Criminal Procedure Law. The main objective is to determine the probative value and the legitimacy of the procedural use of these images, analyzing for this purpose whether other rules of the Spanish legal system attribute to these recordings a sufficiently guaranteeing nature, so that they can make up for the absence of regulation referred to in the Criminal Procedure Law, as well as the position of the courts on this issue.
Author Biographies
Silvia Durán Alonso, Universidad Católica San Antonio de Murcia, España
Profesora de Derecho en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, España. Previamente fue juez sustituta del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, España. Contacto: sduran@ucam.edu
Francisco José Aranda Serna, UCAM
Profesor de Derecho en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, España. Contacto: fjaranda@ucam.edu
References
Aba Catoira, A. (2003). La videovigilancia y la garantía de los derechos individuales: su marco jurídico. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 7, 13-36. https://doi.org/10.17979/afdudc.2018.22.0.5189
Álvarez Hernando, J. (2014). Prácticum protección de datos 2015. Aranzadi.
Bermejo Bosch, R. (2011). Análisis en la doctrina administrativa de la Agencia Española de Protección de Datos en relación con el tratamiento de imágenes a través del sistema de videovigilancia. Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, 25, 61-80. https://doi.org/10.15425/redecom.12.2014.02
Castillejo Manzanares, R. (2017). Alguna de las cuestiones que plantean las diligencias de investigación tecnológica. Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal, 45, 23-57. https://doi.org/10.22370/rcs.2020.76.2812
Cerezo Domínguez, A. I., & Díez Ripollés, J. L. (2010). La videovigilancia en las zonas públicas: su eficacia en la reducción de la delincuencia. Boletín Criminológico, 121. https://doi.org/10.24310/boletin-criminologico.2010.v16i0.8434
Damián Moreno, J. (1997). Reflexiones sobre la reproducción de imágenes como medio de prueba en el proceso penal (a propósito de la llamada videovigilancia). Anales Facultad de Derecho: Revista Jurídica de la Universidad de León, 1, 103-113. https://doi.org/10.18002/rjule.v0i1.1748
De la Iglesia Chamarro, A. (2007). Las comisiones de garantías de la videovigilancia. Revista de Derecho Político, 68, 213-246. https://doi.org/10.5944/rdp.68.2007.9015
De la Serna Bilbao, M. N. (2016). Seguridad ciudadana y los sistemas de videovigilancia. Límites, garantías y regulación. IUSTA, 45, 129-163. https://doi.org/10.15332/s1900-0448.2016.0045.06
Delgado Morán, J. J. (2016). Las cámaras de uso policial como factor de protección, o revictimización. En Victimología e Intervención policial con víctimas de delitos. IURIS.
Díez Ripollés, J. L., & Cerezo Domínguez, A. I. (2009). La prevención de la delincuencia callejera mediante videocámaras. Regulación jurídica y eficacia. Polít. Crim., 4(7), 176-196. https://doi.org/10.4067/s0718-33992009000100006
Durán Silva, C. (2016). La videovigilancia en el proceso penal: tratamiento procesal y eficacia probatoria [tesis de doctorado, Universidad de Alicante].
Durán Silva, C. (2017). Aspectos procesales de la videovigilancia practicada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Ley Penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, 126. https://doi.org/10.2307/j.ctv1ks0fw8.8
Etxeberria Guridi, J. F. (2014). Videovigilancia y su eficacia en el proceso penal. Cuadernos de Derecho Penal, 53-106. https://doi.org/10.22518/20271743.324
Frías Martínez, E. (2010). Los sistemas de videovigilancia. La protección de datos y sus efectos en el proceso penal. Diario La Ley, 7396.
García, S., & Viyella, B. (2012). Derecho a la propia imagen, seguridad ciudadana y cintas de video. Actualidad Jurídica Aranzadi, 843.
Gil Márquez, T. (2018). La videovigilancia en espacios públicos. Un instrumento de control. Normativa en España y mecanismos de Control. Jornadas Psicológico-Criminológicas de ESERP Barcelona, 51-65. https://doi.org/10.2307/j.ctvhhhdt8.10
Gimeno Sendra, V. (2015). Manual de Derecho Procesal Penal. Castillo de Luna Ediciones Jurídicas.
Goñi Sein, J. L. (2017). La videovigilancia empresarial y la protección de datos personales. Civitas.
Magro Servet, V. (2018). Sobre el valor probatorio de las cámaras de vigilancia en el proceso penal. Diario La Ley, 9114.
Mucchielli, L. (2021). ¿Cuál es el propósito de la videovigilancia? Lecciones de la experiencia francesa. OBETS. Revista de Ciencias Sociales, 16(1), 175-190. https://doi.org/10.14198/obets2021.16.1.11
Navajas Ramos, L. (1998). La prueba videográfica en el Proceso Penal: su valor y límites para su obtención. Eguzkilore Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, 12, 147-169.
Pajares Montolio, E. (2006). Videovigilancia y Constitución. Cuadernos de Derecho Público, 29, 173-216.
Pardo Marquina, V. (2021). Cámaras de videovigilancia. ¿mecanismo de seguridad o intromisión en el Derecho Fundamental a la protección de datos personales? Diario La Ley, 9855. https://doi.org/10.15425/redecom.12.2014.02
Pérez-Cruz Martín, A. J. (1997). Videovigilancia y derecho a la intimidad. ¿Un nuevo ejemplo de conflicto entre el derecho a la seguridad pública y el derecho fundamental a la intimidad? Anuario de Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 1, 401-412. https://doi.org/10.17979/afdudc.2020.24.0.7499
Requero Ibáñez, J. L. (1997). Aspectos administrativos de la videovigilancia. Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, 9, 25-50.
Rodríguez Achútegui, E. (1997). Videovigilancia y libertad. Iuris: Actualidad y práctica del derecho, 7, 29-33.
Rodríguez Lainz, J. L. (2012). Las grabaciones de videocámaras de seguridad como fuente probatoria en el proceso penal. Diario La Ley, 7921.
Senés Motilla, M. C. (1996). Cámaras de control y filmación de las vías públicas, redadas y controles policiales. Cuadernos de Derecho Judicial, 12, 267-320.
Suárez-Quiñones y Fernández, J. C. (2006). Las video-grabaciones como prueba en el proceso penal. Boletín del Ministerio de Justicia, 60, 4515-4543.
Ull Salcedo, M. V. (2005). El Derecho a la intimidad como límite de la videovigilancia. Revista de Derecho Político, 63, 179-203. https://doi.org/10.5944/rdp.63.2005.8962
Jurisprudencia
STS 461/1994, de 11 de febrero de 1994.
STS 1123/1995, de 28 de febrero de 1995.
STS 829/1999, de 19 de mayo de 1999.
STS 1449/2000, de 26 de septiembre de 2000.
STS 7/2001, de 19 de enero de 2001.
STS 1733/2002, de 14 de octubre de 2002.
STS 354/2003, de 13 de marzo de 2003.
STS 299/2006, de 17 de marzo de 2006.
STS 1140/2010, de 29 de diciembre de 2010.
STS 1154/2011, de 10 de noviembre de 2011.
STS 485/2013, de 5 de junio de 2013.
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