Estudios en Seguridad y Defensa 19(37) 99-124
https://doi.org/10.25062/1900-8325.1098
Implementación de la seguridad humana en la lucha contra el narcotráfico en Colombia
Implementing human security in the fight against drug trafficking in Colombia
Juan David Mora Peña
Universidad Militar Nueva Granada, Colombia
Mateo Rubiano Giraldo
Universidad Militar Nueva Granada, Colombia
Tito Saúl Pinilla Pinilla
Universidad Militar Nueva Granada, Colombia
CITACIÓN APA:
Mora Peña, J. D., Rubiano Giraldo, M., & Pinilla Pinilla, T. S. (2024). Implementación de la seguridad humana en la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Estudios en Seguridad y Defensa, 19(37), 99-124. https://doi.org/10.25062/1900-8325.1098
Artículo de reflexión
Recibido: 24 de abril de 2023 • Aceptado: 9 de junio de 2024
Contacto: Juan David Mora Peña juand.mora@unimilitar.edu.co
Resumen
Con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de la República de Colombia, se inició un proceso de transformación del enfoque de seguridad basado en el concepto de seguridad humana. Este artículo analiza el impacto y las posibles consecuencias de este cambio de enfoque en la lucha contra el narcotráfico en el país. Para ello, se presenta el concepto de seguridad humana, se analiza su interpretación en el actual gobierno a partir del plan de gobierno y de algunos discursos del comienzo del actual periodo presidencial, así como su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo. Luego, se evalúan las amenazas del narcotráfico en los siete ámbitos de la seguridad humana. Como conclusión, se resalta que el nuevo modelo permite abordar la multidimensionalidad de las amenazas del narcotráfico en la población colombiana, aunque se requiere ajustar los antiguos métodos de combate desde nuevas perspectivas efectivas.
Palabras Clave: Fuerzas Militares; narcotráfico; paz; política pública; seguridad humana
Abstract
With the arrival of Gustavo Petro to the Presidency of the Republic of Colombia, a process of transformation of the security approach based on the concept of human security began. This article analyzes the impact and possible consequences of this change of approach in the fight against drug trafficking in the country. To this end, the concept of human security is presented, its interpretation in the current government is analyzed based on the government plan and some speeches at the beginning of the current presidential term, as well as its inclusion in the National Development Plan. Then, the threats posed by drug trafficking in the seven areas of human security are evaluated. As a conclusion, it is highlighted that the new model allows addressing the multidimensionality of drug trafficking threats in the Colombian population, although it is necessary to adjust the old methods of combat from new effective perspectives.
Key words: drug trafficking; human security; military forces; peace; public policy
Introducción
A lo largo de la historia de los conflictos armados, se observa una evolución en los sujetos, causas, métodos de combate y razones de la guerra. Esta evolución también ha impactado a América Latina, donde los ejércitos, a pesar de su pequeño tamaño, han tenido que salvaguardar territorios tan amplios como el colombiano. Sin embargo, contrariamente a lo que podría pensarse, estos ejércitos han tenido una limitada proyección internacional, enfocándose, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, en la reducción de la violencia interna y en el control de los actores que subvertían el monopolio de la fuerza del Estado.
Colombia siguió este lineamiento histórico latinoamericano; sin embargo, su conflicto interno ha perdurado excesivamente debido a diversas circunstancias particulares, especialmente el narcotráfico y el auge del crimen organizado transnacional asociado a este mercado. La droga, en consecuencia, impidió una transición adecuada de la guerra revolucionaria, ampliamente surgida y ya superada en otros espacios de América Latina, hacia la paz y la estabilización.
Para contrarrestar la cadena de valor del narcotráfico, se han formulado decenas de políticas públicas enmarcadas en el concepto de seguridad nacional, dado que esta economía ilegal es la principal impulsora y perpetuadora de la guerra en las regiones periféricas del país. Esta lucha ha estado marcada eminentemente por el uso de las capacidades militares de las Fuerzas Armadas de Colombia, y evaluada por su efectividad contra el fenómeno. Sin embargo, estos esfuerzos, encuadrados desde lo militar, han despertado un acalorado debate político sobre la ineficacia de estas estrategias, lo que ha generado una visión alternativa sobre cómo debería afrontarse una amenaza multidimensional como el narcotráfico.
Desde el 19 de junio de 2022, cuando Gustavo Petro Urrego fue elegido presidente de la República, se ha expresado tajantemente la necesidad de un nuevo modelo de lucha contra el narcotráfico, proponiendo la implementación de un nuevo enfoque de seguridad denominado seguridad humana como una posible solución. Este concepto, formulado por primera vez en el Informe de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1994), es la bandera bajo la cual el nuevo gobierno ha formulado su estrategia para mitigar el narcotráfico.
Así, este artículo busca analizar las implicaciones de la implementación del enfoque de seguridad humana en la lucha contra el narcotráfico durante el gobierno de Gustavo Petro. Para ello, se lleva a cabo un análisis deductivo de la seguridad y el narcotráfico, utilizando fuentes oficiales, prensa y análisis científico. Para esto, 1) se analiza la evolución de los enfoques de seguridad hasta llegar al concepto actual de seguridad humana; 2) se diagnostica cómo Gustavo Petro identifica y aplica este enfoque con base en su plan de gobierno y algunos discursos realizados al comienzo de su mandato; 3) se revisan las implicaciones del narcotráfico en las diversas categorías de la seguridad humana; 4) se exploran las posibles proyecciones en la lucha contra el narcotráfico en el marco de la seguridad humana, y 5) se presentan unas conclusiones que sintetizan los hallazgos del análisis.
El concepto de seguridad humana desde la perspectiva internacional
El concepto de seguridad es, en sí mismo, difícil de definir de manera exacta, ya que está basado en diversas condiciones técnicas, físicas, políticas o culturales, lo que produce una definición diferente dependiendo del énfasis que se haga en cada uno de estos aspectos. A lo largo de los siglos, el concepto ha variado enormemente. Antes de la Primera Guerra Mundial, la seguridad se basaba principalmente en la protección unilateral de las fronteras y la integridad territorial del Estado. Este enfoque conllevaba una competencia entre Estados, que utilizaban la guerra como medio para aumentar su poder político mediante la conquista territorial.
Sin embargo, con la llegada de la Gran Guerra, surgió una nueva fórmula de seguridad internacional denominada “seguridad colectiva”, que sentó las bases para lo que posteriormente se conocería como seguridad nacional. La idea de seguridad colectiva está directamente relacionada con la paz perpetua kantiana y dio paso a la creación de la Sociedad de las Naciones, una organización dedicada a garantizar y sostener la paz entre los Estados. La seguridad colectiva se basaba en los principios máximos de esta organización. De acuerdo con Kissinger (2014):
La Sociedad de Naciones, en cambio, fue fundada sobre un principio moral: la oposición universal a la agresión militar como tal, cualquiera que fuese su origen, su objetivo o su proclamada justificación. No apuntaba a un tema específico, sino a la violación de las normas. Dado que la definición de las normas ha demostrado estar sujeta a interpretaciones divergentes, la operación de la seguridad colectiva es, en ese sentido, impredecible. (p. 269)
En este sentido, la Sociedad de las Naciones buscaba basar la seguridad en un acuerdo internacional, fundamentado principalmente en los catorce puntos del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson (Kissinger, 2014). No obstante, el concepto de seguridad colectiva no dio los frutos esperados. La falta de voluntad de los Estados, aún influenciados por los conceptos de geopolítica de Ratzel, Kjellen o el mismo Haushofer en Alemania, debilitó la idea de la paz que la Sociedad de las Naciones intentaba consolidar. El Imperio japonés inició un proceso de expansión en Manchuria, dando el primer golpe a una organización que poco o nada pudo hacer ante el avance nipón en la región. Con el auge del fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán, la seguridad colectiva se mostró definitivamente insuficiente para mantener el orden internacional que la Sociedad de las Naciones pretendía garantizar.
Al final de la Segunda Guerra Mundial, surgieron nuevas ideas de seguridad vinculadas a un verdadero intento de crear un sistema internacional consolidado con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), especialmente en su carta fundacional, que proscribe la agresión internacional como mecanismo para alcanzar los intereses nacionales de los Estados. En este contexto, George Kennan, en medio de la Guerra Fría, estableció el concepto de seguridad nacional como “la capacidad continuada de un país para proseguir el desarrollo de su vida interna sin interferencia seria, o amenaza de interferencia de potencias extranjeras” (Laborie, 2011, p. 1). Los Estados, por tanto, utilizaban el poder militar para la defensa de sus intereses y la seguridad nacional, contrarrestando las posibles amenazas que surgieran de conflictos internos o de la fuerza militar de otros Estados.
Sin embargo, los cambios sucedidos a consecuencia de la terminación de la Guerra Fría llevaron al mundo a enfrentar amenazas no imaginadas antes.
La seguridad creada con base en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto con su bagaje normativo, ha logrado que el número de conflictos interestatales disminuya desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy:
Basados en la información cuantitativa disponible, podemos afirmar que el número de conflictos armados de todo tipo disminuyó en el mundo desde el final de la Guerra Fría hasta el año 2005: el número de conflictos armados en general se redujo en 40 % entre 1990 y 2005, el número de guerras interestatales se redujo en 80 % entre 1990 y 2005, y el número de guerras civiles se redujo en 75 % entre 1992 (año hasta el que continuó creciendo) y 2005. (Kahhat & Pérez, 2012, p. 21)
Sin embargo, durante la Guerra Fría, la lucha entre el bloque liberal y el bloque comunista dio inicio a la creación de conflictos proxy o subsidiarios al interior de los Estados. Este fenómeno, evidenció el crecimiento de nuevas amenazas a los Estados. La posibilidad de una guerra civil o un conflicto interno guiado por las tendencias políticas del conflicto ideológico eran cada vez más reales. El nacimiento de guerrillas comunistas o capitalistas afectó gravemente a África y América Latina.
Hacia finales del siglo XX, la seguridad dejó de centrarse exclusivamente en el control de las fronteras y en los intereses nacionales, lo que había llevado a los países durante muchos años a buscar seguridad a través de la compra de armamentos y equipos militares. Se comenzaron a identificar entonces otras amenazas a la seguridad, relacionadas con la pérdida de aspectos esenciales de la vida diaria, tales como el empleo, la salud, el salario, el delito y los daños al medio ambiente, entre otros (Mora, 2022).
En este contexto de evolución de la seguridad, surgió a principios de 1994 el concepto de seguridad humana, definida textualmente por la ONU (s.f.) como “un enfoque que ayuda a los Estados Miembros a determinar y superar las dificultades generalizadas e intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos” (párr. 2). Este concepto se dio a conocer formalmente en 2009 mediante la Resolución 62-290. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios publicó una cartilla basada en el informe final elaborado por la Comisión de Seguridad Humana, creada luego de que el secretario general Kofi Annan, en la Cumbre del Milenio de 2000 convocara y solicitara un esfuerzo para hacer de la sociedad un lugar libre de necesidades y miedos.
La seguridad humana es pertinente tanto en los países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo. El Informe de desarrollo humano del PNUD (1994) así lo manifiesta:
Tal vez en distintos lugares las amenazas a su seguridad sean diferentes —el hambre y la enfermedad en los países pobres y los estupefacientes y el delito en los países ricos— pero esas amenazas son reales y van en aumento. Algunas amenazas son, por cierto, comunes a todos los países, en particular, la inseguridad en el empleo y las amenazas al medio ambiente. (p. 18)
Este informe pone al ser humano como eje central del desarrollo, con lo cual promueve la preservación de la vida de las generaciones actuales y futuras, respetando los recursos naturales y el medio ambiente, ya que de ellos depende la supervivencia y la vida en el planeta. Este enfoque de seguridad permite que todas las personas desarrollen plenamente sus capacidades humanas en todos los niveles: político, económico y social.
Por último, resulta pertinente precisar que el Informe de desarrollo humano del PNUD (1994) define claramente la seguridad humana y también expone las amenazas que podrían afectar a esta nueva concepción de seguridad. Con esto en mente, la ONU organizó estas amenazas en siete diferentes enfoques de seguridad, clasificados en las siguientes categorías: seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad en materia de salud, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad de la comunidad y seguridad política.
La seguridad humana en el primer año del gobierno de Gustavo Petro (2022-2026)
Para comprender la perspectiva del gobierno de Gustavo Petro Urrego en su primer año frente al enfoque de seguridad humana, a continuación se analiza la información condensada en su plan de gobierno; su discurso de posesión presidencial del 7 de agosto de 2022; así como los discursos emitidos por el mandatario en los actos de posesión de la cúpula de las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía Nacional en la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova” y en la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander” respectivamente, en el mismo mes de agosto de 2022. De igual manera, se toma en cuenta el Comunicado del Comandante de las FF.MM. denominado “QSO 02 de septiembre de 2022”.
El plan de gobierno de la candidatura presidencial de Gustavo Petro anunciaba cinco aspectos principales: 1) Medio ambiente y economía nacional, 2) Transición de la economía de extracción hacia una orientada a la productividad, 3) Disminución de la desigualdad económica y social, 4) Impulso y consolidación de la democracia y las libertades, y 5) Cultura de paz con perspectiva de género (Petro, 2022a). En concordancia con esto, para el gobierno actual, el enfoque de paz va más allá de la ausencia de violencia. Existe una relación entre el bienestar de la ciudadanía y el entorno que la rodea para alcanzar un estado de seguridad humana. Esto refleja el nuevo enfoque que ha querido darle el presidente a la seguridad, como se expone en los documentos y discursos mencionados.
En el plan de gobierno se hace clara alusión al término seguridad humana de forma textual, repitiéndose la consigna 9 veces en el documento de 54 páginas. La principal mención se encuentra en el marco del punto 4 de su agenda, específicamente en el apartado 4.2, denominado “Por una seguridad humana que se mida en vidas”, del cual se extrae lo siguiente:
Transformaremos el enfoque de la seguridad basada en la construcción y eliminación del enemigo interno para pasar a una seguridad humana basada en la igualdad, la protección de la soberanía nacional, la seguridad ciudadana, el cuidado de la vida y la naturaleza, aspectos desarrollados a lo largo de este Programa. Avanzaremos en la desmilitarización de la vida social. (Petro, 2022a, p. 44)
Así, como se expresa en la introducción del documento, este nuevo enfoque de seguridad está ligado a elementos de educación, economía, equidad, cultura, debida alimentación, sostenibilidad ambiental y acceso a servicios básicos. De este modo, la consigna de “Colombia, potencia mundial de la vida”, utilizada durante la campaña electoral, queda intrínsecamente ligada al concepto de seguridad humana y se desvincula de la defensa de las fronteras y la integridad territorial como único eje de su enfoque de seguridad. En consecuencia, el objetivo presidencial se enfoca en arraigar la seguridad humana al mejoramiento de la democracia colombiana.
De igual manera, en su discurso en la Escuela de Cadetes de Policía, el Presidente Petro hace una exposición de lo que realmente considera la seguridad humana:
La seguridad humana no es un invento mío, es una discusión mundial que tiene como escenario hoy las Naciones Unidas; y la diferencia no es de palabras, que sería fácil pronunciar poniéndole apellidos a la palabra seguridad. La seguridad humana básicamente cambia el objetivo, el concepto mismo, la esencia de lo que hasta ahora se ha hecho en esta materia creo yo. (Petro, 2022b)
Por consiguiente, los índices de efectividad policial y militar no se deben medir, según este, en neutralizaciones de enemigos sino en “el aumento de la vida”. Con ello, la disminución de masacres y otro tipo de violencias se convierte en un principio fundamental para pasar a garantizar los derechos de los ciudadanos.
En el discurso de posesión de la Cúpula de las FF.MM. de Colombia (Petro, 2022c) así como en el discurso citado antes, el presidente Petro expone la necesidad de integrar a las Fuerzas Armadas de Colombia en una nueva idea de seguridad humana, ligada a un escenario de posconflicto. Este hecho se reflejó también en el comunicado del excomandante de las FF. MM, Mayor General Helder Fernán Giraldo Bonilla, cuando dice: “el concepto de ‘seguridad humana’ que será manejado por todas las Fuerzas hasta tanto se formule la Guía de Planeamiento y el Plan de Campaña Estratégico del Comando General de la Fuerzas Militares será el desarrollado por la ONU” (Giraldo, 2022, p. 10).
El 19 de mayo de 2023, el gobierno lanzó su Plan Nacional de Desarrollo para el cuatrienio 2022-2026. Este documento, llamado igualmente “Colombia, potencia mundial de la vida”, dedica completamente su segundo capítulo a la “Seguridad humana y justicia social”. En este texto, se busca armonizar el concepto de Estado social de derecho, expuesto en el artículo primero de la Constitución, con el enfoque de la seguridad humana. El plan realiza una declaración de intenciones al afirmar: “Esta visión de país pasa por superar el enfoque tradicional basado en la seguridad física y la defensa”. Y continúa: “la noción de ‘seguridad humana’ centrada en el bienestar integral del individuo conjuga la potencialidad del Estado para plantear una agenda más ambiciosa en torno a la superación de la pobreza y la inequidad”.
Para el actual gobierno, es necesario partir de una aglomeración de fenómenos en la cual la seguridad nacional contribuya a la disminución de las amenazas descritas por la ONU en su enfoque de seguridad humana. Asimismo, ordena incorporar este modelo a las FF.MM., limitando los bombardeos estratégicos a campamentos de grupos armados. En septiembre de 2023, el gobierno lanzó su política antidrogas, denominada “Sembrando vida desterramos el narcotráfico” (Ministerio de Justicia, 2023), en la cual también la seguridad humana se convierte en uno de los principios básicos de la lucha contra el narcotráfico.
En esta estrategia, siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el plan de gobierno, se busca actuar en dos frentes: primero, fomentar las economías lícitas, fomentar el cuidado ambiental y atender a la población vulnerable; y segundo, asfixiar a los sectores estratégicos de alto valor del narcotráfico, como son sus insumos, finanzas, infraestructura y erradicación estratégica. La seguridad humana entra en esta estrategia con el enfoque de que “el uso de drogas debe ser abordado desde las vulnerabilidades asociadas. Prevención, atención, tratamiento y reducción de daños, diferenciación en los tipos de SPA y sus riesgos. Desestigmatización, dignificación, abordaje de las condiciones que afectan el bienestar y desarrollo” (Ministerio de Justicia, 2023).
Para finalizar, los objetivos del concepto de seguridad humana para el gobierno del presidente Petro resultan claros. En primer lugar, se busca avanzar hacia un nuevo modelo de seguridad, enfatizando el salto desde la seguridad tradicional, basada en el control territorial y la protección de las fronteras, hacia una seguridad más amplia que aborde las nuevas amenazas surgidas desde comienzos del siglo XX. En segundo lugar, se pretende ampliar la perspectiva de las FF.MM., que ya no solo actuarán como garantes de la paz en un territorio o frontera, sino también como defensores de las libertades descritas por la ONU. Y, en tercer lugar, se busca fomentar la interoperabilidad del gobierno ante las nuevas posibilidades que abre este concepto, permitiendo esfuerzos colectivos entre todas las dependencias del Estado colombiano para abordar de manera integral los desafíos contemporáneos.
Frente a esta problemática, la palabra narcotráfico solo aparece cuatro veces en las páginas que recogen la agenda de gobierno de Petro y Francia Márquez. La primera mención se hace al enunciar que en su estrategia de combatir la deforestación “se detendrá la apropiación ilegal de predios para actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal” (Petro, 2022a, p. 15); la segunda mención destaca que “no habrá estigma ni criminalización en el nuevo modelo de afrontamiento del narcotráfico” (Petro, 2022a, p. 34); la tercera y cuarta están asociadas a la cultura de paz, resaltando que se incrementará el número de sometidos al sistema judicial de “los verdaderos traficantes de la droga, financiadores, procesadores y exportadores, así como su vinculación con el aparato del Estado” (Petro, 2022a, p. 50). Finalmente, está su denuncia de la fallida lucha contra el narcotráfico, en lugar de la cual plantea una nueva estrategia basada en:
Los derechos humanos y la construcción de la paz la transformación económica de los entornos productores sin criminalización de los cultivadores, la protección de la naturaleza, la regulación, el sometimiento judicial de las organizaciones criminales y el abordaje del consumo como un tema de salud pública. Prohibiremos la aspersión aérea de exfoliantes como el glifosato, por razones de salud pública y ambiental. (Petro, 2022a, p. 50)
El narcotráfico y la seguridad humana
La relación de Colombia con las drogas es histórica. Las comunidades indígenas de América Latina, incluida Colombia, han mantenido una estrecha relación con sustancias naturales que inducen experiencias enteógenas. Estas sustancias, como el yagé y el peyote, además de otras como el café y el tabaco, se usaban no solo por sus efectos recreativos, sino también por sus profundos significados espirituales. Con la llegada de los europeos, estas prácticas fueron radicalmente modificadas. La evangelización cristiana buscó erradicar el uso de sustancias psicoactivas, considerándolas “delirios del demonio” (Mortimer, 2019, p. 121).
Durante el siglo XX, la primera Conferencia de Shanghái de 1909, convocada por Estados Unidos, se convirtió en un hito en la lucha global contra los opioides (Cardinale, 2018). En Colombia, la Ley 11 de 1920 criminalizó el uso de sustancias como la cocaína y el opio, reflejando un enfoque emergente en la salud pública y el control de la adicción. Esta ley no solo prohibía la venta de drogas, sino también el uso de implementos como agujas hipodérmicas, destacando el creciente temor a la dependencia y los riesgos para la salud.
En las décadas de los ochenta y noventa, Colombia experimentó un auge en la violencia relacionada con el narcotráfico. La alta demanda de drogas en países como Estados Unidos fomentó el crecimiento de carteles que infiltraron todas las esferas de la sociedad colombiana. Reid (2020) argumenta que “la violencia del narcotráfico golpeó a Colombia antes y más duro que a cualquier otro lugar” (p. 334), hasta el punto en que la supervivencia del Estado democrático estuvo en peligro. La infiltración de narcotraficantes en la política, como la elección de Pablo Escobar para el Congreso, marcó un punto de inflexión. La “carnicería” alcanzó su punto culminante con asesinatos de candidatos presidenciales y atentados terroristas, exacerbando la crisis de seguridad en el país.
En los años noventa, las guerrillas y grupos paramilitares, como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se involucraron profundamente en el narcotráfico, financiando sus actividades mediante el lucrativo comercio de drogas. LaRosa y Mejía (2021) señalan que este periodo fue el más complicado para la población colombiana, con el narcotráfico consolidándose como un actor principal en el conflicto armado. La administración de Álvaro Uribe implementó políticas como el Plan Patriota, centrado en reducir las capacidades económicas y militares de las guerrillas y asegurar territorios estratégicos. El acuerdo de paz con las FARC en 2016 y la desmovilización de las AUC reflejan esfuerzos significativos para reducir la violencia y reintegrar a los combatientes a la vida civil. No obstante, el narcotráfico sigue siendo un desafío persistente, mutando en sus formas y actores.
En conclusión, la relación de Colombia con las drogas, no solo con la cocaína, es de larga data. Las drogas se han convertido en uno de los principales factores de las economías ilegales que han perpetuado el conflicto armado en el país. Debido a esto, la proliferación de grupos armados en Colombia no ha seguido la tendencia global de disminución de conflictos; por el contrario, actualmente se observa una proliferación de grupos armados, impulsada en parte por los fallidos procesos de paz y desmovilizaciones.
Afectaciones de la cadena de valor del narcotráfico en las categorías de la seguridad humana
Como se ha dicho, la seguridad humana abarca un amplio catálogo de amenazas tradicionales y no tradicionales que afectan a la población (PNUD, 1994), que incluye la seguridad económica, alimentaria, en materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política, todas enmarcadas en un nuevo enfoque de seguridad antropocéntrico, alejado de la tradicional seguridad nacional clásica. En Colombia, el concepto se ha fortalecido enormemente con el actual gobierno.
A continuación, se hace un repaso de las maneras en que el narcotráfico afecta cada uno de estos enfoques de seguridad descritos en la seguridad humana, permitiendo comprender las razones por las que el negocio del cultivo, tráfico y comercialización de drogas no es solo un asunto de seguridad tradicional, sino también de seguridad humana.
Seguridad personal
Quizás el aspecto de la seguridad humana que más relación tiene con el clásico enfoque de seguridad utilizado durante la segunda mitad del siglo XX es la seguridad personal. No obstante, con la llegada del concepto de seguridad humana, este enfoque se ha ampliado para abarcar otros tipos de violencias ejercidas no solo por agentes de un Estado contrario, sino también por agentes del propio Estado, otros grupos de ciudadanos por razones étnicas, religiosas, o de otro tipo, así como violencias ejercidas contra mujeres y niños, e incluso contra la propia persona, es decir, el suicidio. Esta ampliación se ve efectivamente marcada desde el narcotráfico (PNUD, 1994).
Desde los estudios sobre la naturaleza de la guerra, distinguidos autores como Mary Kaldor (2012) y Herfried Münkler (2005), entre otros, han destacado que la guerra ha cambiado a nivel mundial, siendo los nuevos tipos de conflictos, posteriores a la Guerra Fría, únicos en su naturaleza. De acuerdo con Kaldor (2012), la globalización es un nuevo elemento de los conflictos modernos, especialmente la globalización de economías ilegales, con el narcotráfico como un claro ejemplo de estos conflictos. Por su parte, Münkler (2005) respalda tal afirmación y subraya que estas economías ilegales perpetúan los conflictos y prolongan la violencia debido a lo lucrativo del negocio, lo que ha generado que en varias ocasiones algunos acuerdos de paz no hayan sido exitosos debido a la negativa de los grupos armados a perder tales ingresos.
En el caso colombiano, el efecto del narcotráfico en la violencia ha sido profundo. Desde el inicio de la guerra contra las drogas a comienzos de los años sesenta, el país ha visto una escalada en todo tipo de violencias relacionadas con la cadena de valor del narcotráfico. Desde los carteles de drogas, ampliamente conocidos en todo el mundo, hasta la presencia de la guerrilla con mayor capacidad económica en el mundo a finales de los años noventa, el narcotráfico ha jugado un papel central. De igual manera, se ha registrado el mayor desplazamiento en un conflicto armado, con más de ocho millones de personas afectadas. De acuerdo con Arias (2011):
En cuanto a la incidencia del narcotráfico en el desarrollo del desplazamiento forzado, autores como Salazar (1992) y (2001), Tokatlian (2000) y Reyes (2009), entre otros, señalan cómo algunos narcotraficantes han financiado a distintos grupos armados, o simplemente se han apropiado por la fuerza de grandes extensiones de tierra, la cual han convertido en grandes pastizales o la han dedicado al cultivo de la palma africana. (p. 64)
Este impacto puede ser identificado al superponer los mapas de violencia con el mapa de densidad de cultivos de hoja de coca. Según el informe Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2022), los departamentos con mayor número de cultivos son Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Guaviare y Valle del Cauca. Algunos de estos departamentos presentan una densidad de cultivos de coca bastante alta, como Nariño y Norte de Santander. De hecho, según la UNODC (2022):
La serie histórica de cultivos de coca tuvo su punto más alto en el 2021, cuando se detectaron a 31 de diciembre 204 000 ha de coca. A este punto se llega luego de tres años de reducción continua entre el 2018 y el 2020 en los que, sin embargo, la coca estuvo por encima de las 145 000 ha que se detectaron en el 2001, el primer año de la serie. (p. 27)
El crecimiento de este negocio ha sido exponencial en medio del debate sobre la erradicación, ya sea manual o química con glifosato. Un ejemplo contundente de esta expansión se refleja en el mapa que detalla la densidad de los cultivos de hoja de coca (Figura 1).
Figura 1. Densidad de cultivos de coca en Colombia, 2021.
Fuente: UNODC (2022)
Este mapa adquiere una relevancia aún mayor al superponerlo con los mapas de violencia que ilustran los índices de eventos violentos ocurridos durante 2020 y su distribución. Los análisis realizados por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2021) exponen, en un análisis comparativo con los índices de violencia de 2002, lo siguiente:
[...] aunque es notoria la reducción del conflicto en comparación a la que ocurrió a principios del siglo, esta aún persiste en ciertas zonas como Catatumbo en Norte de Santander, Magdalena Medio, Urabá y el Suroccidente del país, estas zonas representan una ventaja geoestratégica para el movimiento de tropas, armas, minería ilegal o narcotráfico, por esto, los grupos armados ilegales hacen presencia en esos territorios y perpetran hechos violentos como medio de control de los mismos. (p. 11)
Con ello, la representación cartográfica del mapa de densidad de cultivos de coca permite contrastar de manera precisa los mapas de la Figura 2.
Figura 2. Eventos de violencia ocurridos en el 2020 vs. índice de distribución de violencia 2020.
Fuente: CNMH (2021)
En este contexto, es evidente que los departamentos con mayor índice de densidad de cultivos de hoja de coca también registran un mayor número de eventos de violencia ocurridos en el mismo año. Esta relación se refuerza al observar la presencia de grupos armados al margen de la ley en estas áreas. Según la Alerta Temprana n.° 018-2020 de la Defensoría del Pueblo (2020), los mapas que muestran la distribución de grupos armados a lo largo del país ilustran claramente su influencia y control territorial (Figura 3).
Figura 3. Expresiones de violencia y grupos armados.
Fuente: Defensoría del Pueblo (2020)
Por consiguiente, según la información cartográfica, se identifican numerosos grupos armados al margen de la ley, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ahora conocidos como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, el ELN, el EPL, entre otros no identificados. Según Ariel Ávila (2022), se estima que existen alrededor de 26 grupos criminales operando a lo largo del territorio nacional (Tabla 1 ). Esto subraya que las rivalidades entre estos grupos se centran principalmente en el control de las economías ilícitas, como el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades.
Tabla 1. Estructuras criminales en 2022
Fuente: Ávila (2022)
Ahora, en relación con la violencia de género, hay una estrecha vinculación entre el narcotráfico y la seguridad personal. De acuerdo con UNODC y Ministerio de Justicia (2019), en Colombia, las mujeres participan de manera activa en la cadena de valor de la droga desempeñando funciones claves en todas las etapas, desde el cultivo y la producción, hasta el transporte y la comercialización de estupefacientes. Ya sea trabajando la hoja de coca, de quimiqueras en la producción de la pasta o de mulas transportadoras, el fenómeno de la violencia contra la mujer se hace presente en la cadena de valor del narcotráfico. La violencia ejercida contra estas mujeres va desde la violencia física hasta las precarias condiciones laborales, inferiores a las de hombres que realizan las mismas actividades (UNODC & Ministerio de Justicia, 2019).
En cuanto a los menores de edad, la guerra contra las drogas ha traído consigo graves consecuencias, incluyendo la violencia física ejercida contra ellos, el reclutamiento forzado y el trabajo infantil.
En conclusión, es fundamental destacar que el narcotráfico, desde las etapas básicas de su cadena de valor, representa una grave amenaza a la seguridad personal de los colombianos. Esto es especialmente cierto para aquellos que viven en regiones con altos niveles de presencia de grupos armados al margen de la ley, que son atraídos por municipios con densidades significativas de cultivos de coca, especialmente en áreas periféricas, donde la efectiva ejecución de la ley por parte de las FF.MM. puede ser limitada.
Seguridad comunitaria
Tal como señala Kaldor (2012), en los nuevos tipos de conflictos, el control territorial ya no se limita a obtener la aprobación de la población civil frente a una causa legítima. En cambio, se caracterizan por acciones contra la población para imponer espacios de terror, lo cual conduce a desplazamientos significativos en territorios estratégicos para la explotación de recursos económicos que perpetúan los conflictos. En este sentido, numerosos grupos étnicos que habitan territorios periféricos han sido arrastrados al conflicto armado nacional, siendo desplazados de sus territorios ancestrales por grupos armados al margen de la ley y por otros actores económicos poderosos, con el objetivo de destinar estos territorios al cultivo de materias primas utilizadas en la cadena de valor del narcotráfico. Según la Unidad de Víctimas (2022), la caracterización étnica de las víctimas en Colombia es la que se presenta en la Tabla 2.
Tabla 2. Reporte de víctimas por grupo étnico
Fuente: Unidad de Víctimas (2022)
Sin embargo, esta violencia generada por la guerra contra las drogas no es única. Los desplazamientos causados por los grupos armados al margen de la ley han ocasionado tensiones y conflictos entre comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas por territorios utilizados para el cultivo de coca. Este tipo de conflictos cobró especial notoriedad en el año 2017, durante la implementación del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Actualmente, con la llegada del nuevo gobierno, se ha iniciado un proceso de “invasión” de predios productivos que ha vuelto a enfrentar a grupos minoritarios en diversas regiones del país (Semana, 20 de septiembre de 2022).
Seguridad económica
En cuanto a la economía, el impacto del narcotráfico ha sido ampliamente debatido, e incluso se le ha atribuido la capacidad de mitigar los impactos de las diversas crisis económicas en Colombia. Desde el surgimiento de los grandes capos de la droga, la cadena de valor del narcotráfico ha ganado terreno en el producto interno bruto (PIB) del país. Según Becerra (2019), los ingresos generados por estos negocios podrían representar aproximadamente el 2 % del PIB nacional, es decir, cerca de 29 billones de dólares. De acuerdo con el Informe Final de la Comisión de la Verdad (CEV, 2022):
El narcotráfico irrumpió en el país como un actor político y económico, que encajó sin problemas en el sistema clientelista, con una doble articulación social: por las élites, a través del comercio de la droga y el lavado de activos; y por los sectores populares, a través de los cultivos y los ejércitos privados de violencia. (p. 95)
Actualmente, según el mismo informe “Si bien existen distintas metodologías de análisis, los ingresos del tráfico de cocaína en la economía nacional representan, según diferentes autores, entre el 1 y 4 % del PIB” (CEV, 2022. p. 316). Este fenómeno desincentiva otros sectores económicos relevantes para Colombia, como el sector agrícola, que pasó de tener una participación de 27,3 % en 1965 al 5,3 % en 2013 (CEV, 2022).
Por último, la economía nacional se ve afectada con la introducción de estos recursos al mercado mediante actividades ilícitas como el blanqueo de capitales o el lavado de activos. Esto se realiza a través de testaferros para la compra y venta de propiedades, así como mediante actividades tradicionales como el comercio informal y el contrabando, que son difíciles de perseguir (Infolaft, 2022).
Según un informe del Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (2022, p. 75), los grupos criminales usan cada vez criptomonedas para mover los ingresos de sus actividades ilícitas, aprovechando que las instituciones colombianas aún tiene poco control y conocimiento de estas operaciones virtuales. Así, el creciente uso de criptomonedas, sobre el cual Colombia tiene muy poca regulación, es un camino fácil para el lavado de este tipo de capitales.
Seguridad política
El país ha sido testigo de cómo el narcotráfico ha permeado la seguridad política de la nación. Con la entrada de los dineros del narcotráfico, se lograron establecer sistemas de concentración política a nivel regional y nacional, contribuyendo a la perpetuación de la violencia en Colombia. Este fenómeno ha permitido que importantes líderes alcanzaran altos cargos del poder nacional. De acuerdo con el portal Verdad Abierta (2009), la relación entre el conflicto armado y amplios sectores de la política nacional ha sido continua. Un ejemplo notable fue la relación de la candidatura del presidente Ernesto Samper en el escándalo conocido como el Proceso 8000, que reveló la posible financiación de su campaña por parte del Cartel de Cali. Según la CEV (2022), aunque el Proceso 8000 evidenció la presencia de recursos del narcotráfico en la política colombiana, este fenómeno se remonta a los años setenta.
Dentro del sistema democrático colombiano, la financiación para el acceso a una carrera política es crucial, lo cual ha dado espacio al narcotráfico, especialmente en las regiones con alta concentración de cultivos o rutas estratégicas de transporte de droga. Según Vargas (2010):
En las sociedades en las que existen o han existido grupos ilegales con recursos de poder —especialmente económico, como los grupos mafiosos o ciertos carteles—, estos tratan de influir —o, aún peor, de capturar— los poderes institucionales, de modo de lograr que se coloquen al servicio de sus intereses. (párr. 11)
Esto coincide claramente con lo que expone la CEV (2022) en su Informe Final:
Todos los actores involucrados en el conflicto armado de manera directa o indirecta han tenido relaciones con el narcotráfico y estas relaciones han sido determinantes en el rumbo de la guerra, su degradación y desenlaces, y especialmente en su continuación. Cada actor armado participó de manera diferenciada en ese proceso en distintas épocas. A partir del creciente involucramiento de las FARC-EP en distintos eslabones de la cadena del narcotráfico para el financiamiento de la guerra, esto cambió la relación entre dicha guerrilla y las comunidades, y llevó a un aumento de la violencia y el control. (p. 385)
Con el tiempo, surgieron dos hechos clave que resaltaron la relación de la clase política y los grupos armados que controlaban el narcotráfico en zonas periféricas del país: la parapolítica y la farcpolítica. Según Cimadevilla (2019), “terminada la desmovilización de las AUC, en el 2006 se destapó el escándalo de la ‘parapolítica’, en el que un gran número de congresistas resultó relacionado con los dineros ilícitos de las AUC o con miembros de esa organización” (p. 233). En este escándalo, gobernantes de nivel municipal, departamental y nacional se vieron envueltos en una red de vínculos con grupos paramilitares, que había infiltrado profundamente la política y agravado seriamente la legitimidad democrática del Estado colombiano.
Esta situación no se limitó a la presencia de las AUC. Las FARC y el ELN también lograron infiltrar amplios espectros de la vida pública nacional. La primera organización, a pesar de los desafíos de las instituciones judiciales colombianas, estableció contacto con políticos, siendo uno de los casos más reconocidos el secuestro y asesinato de la familia Turbay Cote, en el que el representante a la Cámara Luis Fernando Almario estuvo implicado (Verdad Abierta, 2009). Por otro lado, en cuanto al ELN:
Según población de la región, la relación que se estableció entre el ELN y los políticos fue de beneficio mutuo, ya que la guerrilla identificó las ventajas de comprender las realidades de la arena política local y, a su vez, los políticos aprovecharon el hecho de contar con un brazo armado y coercitivo para permanecer en el poder. (Fundación Ideas para la Paz, 2015, p. 14)
En conclusión, de acuerdo con Vargas (2010), “En la actualidad, el narcotráfico es la mayor amenaza para la institucionalidad y gobernabilidad del Estado, a partir de la capacidad de corrupción que ha desarrollado, producto de sus finanzas y la vinculación de los grupos armados ilegales” (párr. 18).
Seguridad ambiental
La cadena de valor del narcotráfico tiene una significativa injerencia en la seguridad ambiental de Colombia. De acuerdo con Mora (2022), en medio de la evolución de los conflictos armados hacia las guerras por ambición y el uso de medios híbridos de combate, el medio ambiente resultó ser uno de los principales afectados. El narcotráfico, categorizado como un sistema de perpetuación del conflicto, siguiendo los estándares de las nuevas guerras de Münkler (2005) y Kaldor (2012), tiene diversos efectos sobre el medio ambiente.
En cuanto a la selva tropical: “En 2020, el país perdió más de 170 000 hectáreas de bosque, mientras que la pandemia de COVID-19 le permitió a las insurgencias y organizaciones criminales reforzar aún más su control en muchas áreas remotas del país” (International Crisis Group, 2021, p. 7). Para González-González et al. (2021), “el acaparamiento de tierras, la expansión de la agricultura informal, los cultivos ilícitos y la expansión de la minería ilegal se han encontrado como impulsores clave detrás de la conversión de los bosques colombianos” (p. 2).
Después de un minucioso estudio cuantitativo, Negret et al. (2019) logran identificar que “las áreas a distancias de <10 km de las plantaciones de coca tenían más probabilidades de ser deforestadas, y las áreas a más de 200 km tenían menos probabilidades” (p. 5). Por eso, a pesar de los acuerdos de paz con las FARC, que pusieron fin a la hegemonía política de este grupo en algunos sectores del bosque selvático nacional, ha habido un aumento en el cultivo de coca, una lucha intensa por los territorios desocupados y, en consecuencia, un mayor número de hectáreas de bosque selvático deforestadas. Esto toma relevancia ante el mapa de proyección de los espacios de bosque selvático que se espera perder entre los años 2018 a 2030 y 2030 a 2050 (Figura 4). En su gran mayoría, si se compara con el mapa de densidad de cultivos de hoja de coca (ver Figura 1), esta deforestación tiene una relación directa con el cultivo de coca.
Figura 4. Proyecciones de la deforestación entre 2018-2030 y 2030-2050.
Fuente: González-González et al. (2021)
Por otro lado, esta actividad también tiene un impacto en la tierra en el que se cultiva la hoja de coca de manera industrial: “químicos como el querosén, el ácido sulfúrico y el permanganato de potasio, usados para la transformación de la hoja de coca en pasta de cocaína terminan en tierra o en los ríos” (Lavaux, como se citó en Mora, 2022, p. 140).
Análisis prospectivo de la Paz Total y la seguridad humana durante el actual gobierno
La estrategia del actual gobierno nacional para mitigar las afectaciones causadas por el narcotráfico se basa en la seguridad humana. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, la estrategia tiene dos escenarios, uno local y otro global. El primero se aleja del “prohibicionismo” imperante y ataca las causas estructurales del fenómeno del narcotráfico en Colombia. Para ello, se busca la regularización, el impulso a los usos alternativos de la hoja de coca y otras drogas, y, por último, el desarrollo productivo de los territorios con alta densidad de cultivos. En el segundo escenario, el gobierno tiene el objetivo de posicionarse como un Estado líder en el cambio de paradigma frente al problema mundial de las drogas.
En el ámbito local están los ya implementados Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), priorizados en la implementación de proyectos para las comunidades más afectadas por la violencia. Allí se busca la integración total del Estado con la comunidad, algo que se ha intentado por varios años en Colombia. Asimismo, se insta a que las instituciones de carácter departamental y municipal creen proyectos para estos mismos territorios (Senado de la República, 2022). Esto mantiene los esfuerzos de los gobiernos pasados en la implementación del acuerdo.
En cuanto al narcotráfico, existen importantes retos que no ha podido superar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), por lo cual este ha sido objeto de críticas. Sin embargo, según Botero (2022), estos programas deberán ser impulsados por la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, adscrita al Alto Comisionado para la Paz. Esta unidad tiene el reto de cumplir con las metas de reducción del número de hectáreas cultivadas que, a 2022, aumentó en un 43 %, llegando a un total de 204 000 hectáreas cultivadas (UNODC, 2022). Según Botero (2022), el PNIS “se vuelve la apuesta principal de Petro para reducir los cultivos ilícitos, luego de haber limitado la erradicación forzada. Según la Fundación Ideas para la Paz, el PNIS mostrará cómo cambia realmente la política de drogas de Petro” (párr. 12).
La política de seguridad del presente gobierno enfatiza las funciones de las FF.MM. de Colombia frente al narcotráfico desde una visión multidimensional de esta problemática. En este sentido, se busca 1) fortalecer las capacidades de interdicción terrestre, marítima y aérea; 2) desmantelar las estructuras al servicio del narcotráfico; 3) perseguir las finanzas ilegales y combatir el lavado de activos, y 4) utilizar métodos para la erradicación de cultivos con observancia de los derechos humanos (Ministerio de Defensa Nacional, 2023). Se pretende crear varias estrategias contra el narcotráfico, enfocándose en la erradicación manual, el desmantelamiento de la economía ilícita que sostiene la capacidad de lucha de los grupos armados, y el aumento de las relaciones intersectoriales para reducir la brecha entre la zona rural y urbana en servicios como internet, red telefónica, y vías secundarias y terciarias, entre otros.
En este sentido, no es sorprendente que la política de Paz Total incluya disposiciones para reducir el impacto del narcotráfico en la seguridad humana de las personas, tal como se intentó antes en el acuerdo de paz con las FARC. En este acuerdo se crearon los PNIS y se buscó establecer, en el capítulo IV denominado “Solución al problema de las drogas ilícitas”, un nuevo enfoque de salud pública, con el objetivo de alcanzar lo que se expuso como máximo propósito: “Para combatir el narcotráfico, el Gobierno concentrará todos sus esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado, para garantizar condiciones de seguridad en los territorios así como la implementación del Acuerdo Final” (Cancillería, 2016, p. 27).
Como se ha descrito, en la política pública contra las drogas también se contempla la implementación de la seguridad humana. Sin embargo, su aplicación ha carecido de efectividad. Según Méndez (2024), el gobierno nacional, de acuerdo con un informe de la Policía Antinarcóticos, ha afectado “2278 hectáreas sembradas con narcocultivos de las 10 000 que el gobierno del presidente Gustavo Petro fijó como meta para este 2024, lo que equivale al 23 por ciento de cumplimiento hasta el momento (párr. 1). Sin embargo, para el 2024, “Cifras del Ministerio de Defensa establecen que entre enero y mayo de este año se incautaron 366,9 toneladas de cocaína, 36 por ciento más que el año anterior, cuando se registraban 269,3 toneladas” (párr. 2), lo que indica que se están logrando los objetivos de interdicción. A pesar de esto, la cifra puede arrojar una lectura dispar: a mayor cantidad de cultivos de coca, es posible que haya mayor interdicción, lo que no necesariamente significa que se esté causando un verdadero daño a la cadena de valor del narcotráfico.
Ahora bien, el nuevo enfoque del discurso del presidente basado en la seguridad humana no es algo completamente novedoso. En los últimos años, las FF.MM. han diversificado sus actividades desde una perspectiva igualmente integral, como lo es la seguridad multidimensional. Bajo este enfoque, durante los últimos años, las Fuerzas han ampliado sus actividades, incluyendo labores humanitarias, erradicación manual de cultivos, protección de bosques selváticos, prevención de desastres, entre otras. La seguridad humana solo reitera las labores que actualmente se llevan a cabo, lo que podría sugerir que este nuevo enfoque no cambiará de manera significativa las actividades que ya se realizan.
Conclusiones
El nuevo gobierno de Colombia ha querido dar un giro en el enfoque tradicional de la seguridad nacional, lo cual ha generado intensos debates en la opinión pública, al tiempo que el gobierno emite mensajes sobre cómo se llevará a cabo la relación con las Fuerzas Armadas, la educación, la salud, entre otros sectores. Así, el presidente, siguiendo la idea de la multidimensionalidad de la seguridad, ha adoptado la seguridad humana como la mejor manera, desde su perspectiva y su propuesta política, de abordar tanto las amenazas tradicionales como las no tradicionales.
Tal como se ha analizado, el nuevo gobierno enfrenta importantes retos en la forma en que el narcotráfico impacta cada uno de los ámbitos que conforman la seguridad humana. Es particularmente relevante el papel que juegan la seguridad personal, comunitaria y ambiental en este nuevo enfoque, algo que el gobierno ha destacado en su visión de seguridad para el país.
Todo esto tiene un impacto significativo en la manera de gobernar del actual presidente. El enfoque de la seguridad humana, aunque presente desde hace tiempo, tiende a ser un concepto bastante difuso y en ocasiones puede abarcar más de lo que se puede controlar, especialmente en términos de seguridad y el uso de la fuerza del Estado. En tal medida, es fundamental que las FF.MM. de Colombia y la Policía Nacional se mantengan dentro del marco de sus funciones, tal como lo establece el artículo 216 de la Constitución Política de Colombia, para evitar un desgaste innecesario.
Aunque hasta ahora la implementación de la seguridad humana en la lucha contra el narcotráfico no ha dado todos los resultados esperados, este enfoque ofrece una visión holística que podría permitir una mayor interoperabilidad en comparación con enfoques anteriores. La lucha contra nuevas amenazas no tradicionales, como la pobreza, amplía el rango de acción de los tomadores de decisiones frente a esta problemática.
Agradecimientos
Los autores desean agradecer a la Escuela de Altos Estudios Estratégicos nueva Granada de la Universidad Militar Nueva Granada por su apoyo en la realización de este artículo.
Declaración de divulgación
Los autores declaran que no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con el artículo.
Financiamiento
Los autores no declaran fuente de financiamiento para la realización de este artículo.
Autores
Juan David Mora Peña. Magíster en estrategia y geopolítica, Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia; especialista en estudios políticos, Universidad Sergio arboleda, Colombia, y abogado, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. Actualmente labora en la Escuela de Altos Estudios Estratégicos de la Universidad Militar Nueva Granada, Colombia.
https://orcid.org/0000-0002-2952-9608 - Contacto: juand.mora@unimilitar.edu.co
Mateo Rubiano Giraldo. Magíster en estudios interdisciplinarios, Universidad de los Andes, Colombia; internacionalista, Universidad del Rosario, Colombia. Actualmente labora como analista en la Escuela de Altos Estudios Estratégicos de la Universidad Militar Nueva Granada, Colombia.
https://orcid.org/0009-0004-4405-485X
Tito Saúl Pinilla Pinilla. General (RA) de la Fuerza Aérea Colombiana. Magíster en seguridad y defensa nacionales, Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia; profesional en administración aeronáutica, EMAVII. Piloto militar y excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana. Es asesor de la Escuela de Altos Estudios Estratégicos de la Universidad Militar Nueva Granada, Colombia.
https://orcid.org/0009-0005-8166-788X
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